Marina Rodríguez Martínez, profesora de Filosofía en un
instituto público, analiza en su artículo El derecho a la educación cómo se ha
ido imponiendo este argumento que encierra una falacia y ha hecho mella en
políticos de diferente signo, liberales, neoliberales e incluso progresistas;
entre padres y madres; también entre docentes de la educación pública. Pero la
educación privada-concertada nace en nuestro país en los años 80 como una
solución provisional a la imposibilidad de atender la demanda de escolarización
por parte de la institución pública.
El argumento es: Los
padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y así lo
recoge la Constitución.
Innegable, los padres
tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, y por eso las
sociedades plurales y democráticas les ofrecen las opciones de educación
pública o privada, entre las que seleccionar la más afín a sus creencias,
acorde a sus valores o cercana a sus casas.
Lo que no dice la
Constitución es que las opciones privadas hayan de ser financiadas con dinero
público. Por eso, la exigencia de ese derecho de elección avalado por la
Constitución, se convierte en una falacia cuando lo que va implícito es el
derecho a que se les subvencione lo “privado”. ¿Por qué tendrían que
subvencionarnos un transporte privado, al que optamos libremente, con dinero
público?, ¿podríamos exigir la financiación de la consulta médica privada, a la
que acudimos libremente, a cargo del erario?, ¿se entendería la exigencia del
derecho a elegir ese taxi o este médico
subvencionados de esa manera? (...)
