Marina Rodríguez Martínez, El derecho a la educación

Marina Rodríguez Martínez, profesora de Filosofía en un instituto público, analiza en su artículo El derecho a la educación  cómo se ha ido imponiendo este argumento que encierra una falacia y ha hecho mella en políticos de diferente signo, liberales, neoliberales e incluso progresistas; entre padres y madres; también entre docentes de la educación pública. Pero la educación privada-concertada nace en nuestro país en los años 80 como una solución provisional a la imposibilidad de atender la demanda de escolarización por parte de la institución pública.

El argumento es: Los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y así lo recoge la Constitución.

Innegable, los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, y por eso las sociedades plurales y democráticas les ofrecen las opciones de educación pública o privada, entre las que seleccionar la más afín a sus creencias, acorde a sus valores o cercana a sus casas.

Lo que no dice la Constitución es que las opciones privadas hayan de ser financiadas con dinero público. Por eso, la exigencia de ese derecho de elección avalado por la Constitución, se convierte en una falacia cuando lo que va implícito es el derecho a que se les subvencione lo “privado”. ¿Por qué tendrían que subvencionarnos un transporte privado, al que optamos libremente, con dinero público?, ¿podríamos exigir la financiación de la consulta médica privada, a la que acudimos libremente, a cargo del erario?, ¿se entendería la exigencia del derecho a elegir ese taxi o este médico  subvencionados de esa manera? (...)